LEVANTE (EL MERCANTIL VALENCIANO) edición digital nº 2978, sábado 19 de noviembre de 2005
Un informe de 1996 del Defensor del Pueblo señalaba que las instituciones más restrictivas de derechos fundamentales no eran, como se podía pensar, las cárceles, sino los centros de alojamiento de menores y de enfermos mentales. Casi diez años después, la Asociación Valenciana para la Promoción de los Derechos del Niño y la Prevención del Maltrato Infantil (Apremi) considera que la afirmación continúa siendo válida, al menos en lo que corresponde a menores. Las cosas han mejorado, afirmó la presidenta de la entidad, Amelia López, pero no tanto como para que la conclusión del Defensor del Pueblo haya perdido vigencia. «Queda aún mucho por hacer», comentó la representante de Apremi.
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